Movimiento Campesino Jirajara
El desamparo y la vulnerabilidad en la que se encuentran los campesinos de la costa oriental del lago de Maracaibo obliga con urgencia a que el Gobierno Bolivariano intervenga para detener la impunidad con la que operan terratenientes paramilitares en la parroquia Rafael Urdaneta, municipio Baralt del estado Zulia.
Así lo manifestó el diputado campesino Braulio Álvarez, quién en visita a la costa oriental, en la zona conocida como Lomas de Medellín, se reunió con campesinos de dicha comunidad y pudo constatar la realidad vivida por los mismos. Los campesinos denunciaron que el terrateniente y asesino Carlos Rumbos Guerrero, cédula de identidad 1.408.960, usurpa ilegalmente, más de ocho mil hectáreas de tierras de primera calidad en la zona y que recientemente, dejó lesionada a la campesina Bertha Amaya, cuando la embistió con su carro causándole heridas de consideración. También manifestaron que el terrateniente paramilitar Rumbos Guerrero, fue el autor intelectual del asesinato del campesino Nenklis Rafael Amaya, quién hace tres años fuera víctima de una emboscada fatal , mientras lideraba el rescate del fundo Miraflores, con cinco mil hectáreas de tierras ociosas. En este conflicto de clases también resultaron heridos los campesinos Atencio Araujo y Gilberto Rojas, al caer bajo los disparos de los sicarios contratados por Rumbos. Se pudo conocer que este terrateniente actúa con tal impunidad, gracias a los servicios de protección jurídica que le brinda el juez corrupto Luis Enrique Castillo, quién según los campesinos denunciantes debería ser destituido de su cargo sin demora.
También este sanguinario personaje, desplazó a diez campesinos de la cooperativa “Maestros de la Vida”•, ocupantes de un lote de terreno de 220 has, que el INTI les había otorgado en posesión bajo la figura de carta agraria. Todos los miembros de dicha cooperativa tienen más de 65 años de vida y todos se mantienen activos en actividades productivas y de lucha por rescate de tierras del latifundio. Siguiendo la línea impune de agresiones de este delincuente, los campesinos denunciaron que también agredió y amenazó de muerte a los ocupantes del fundo Doña María, que posee carta agraria por el INTI, sobre una superficie de 524 has. Últimamente, destrozó la cerca de dicho fundo y destruyó cuarenta has de Maíz de los campesinos. La señora Nereida Hernández de Bernal ocupante de un lote de terrenos de 25 has, igualmente con carta agraria, sufrió los embates del paramilitar mencionado, al desviar un caño que inundó sus tierras.
Braulio Álvarez afirmó que elevará la denuncia en conjunto con la movilización campesina, a todas las instancias respectivas, para que este terrateniente, quien fuera Gobernador de Trujillo en la cuarta república, sea juzgado por sus crímenes y sentenciado a la pena máxima.
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