Tribunal agrario de Yaracuy dictó medida ilegal de desalojo contra campesinos

Los campesinos desalojados ilegalmente,
a las puertas del fundo

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Colectivo Tierra Nuestra - Movimiento Campesino Jirajara

Nuevamente los campesinos yaracuyanos han sido objeto de agresiones judiciales por parte de los tribunales agrarios, que según parece, fueron instancias creadas para revocar las medidas de rescate de tierras, acordadas por el INTI en tierras bajo diferentes formas de latifundio.
La juez de Primera Instancia en lo Agrario, Linda Lugo Marcano, acompañada de los terratenientes Sergio y Armando Di Battista, se presentó en la mañana del miércoles 12 de marzo del presente año, al Fundo santa Teresa-Guarataro para ejecutar una medida de desalojo en contra de los campesinos de la Cooperativa de Integración “Santa Teresa Rumbo Al socialismo”, quienes son los legítimos ocupantes de dicho Fundo, que vale la pena mencionar, son tierras propiedad del INTI, usurpadas e ilegalmente adquiridas por la familia Di Battista.
Los Di Battista, desde 1.999 han agredido a los campesinos de Santa Teresa y han concretado sus amenazas en varias oportunidades. El 29 de noviembre de 2.000 hirieron en la pierna derecha, con un arma de fuego, a la campesina Omaira Mercedes Ramos, esposa del dirigente campesino Leongino Pérez, presidente de la cooperativa “Reflejo de la Luz”. En noviembre de 2.006 golpearon salvajemente al campesino Agapito Castillo, quien presentó politraumatismos generalizados y deformación del rostro. Ambas agresiones han quedado impunes hasta la fecha.
El 22 de febrero de 2.007 el Fiscal 4to del Ministerio Público, Omar González, amigo personal de los Di Battista, y la jueza Leydi Pacheco, acompañados de efectivos de la Guardia Nacional, allanan el Fundo y detienen arbitrariamente al campesino Andrés Pérez, quien en ese momento se encontraba desarrollando labores agrícolas del Plan de Siembra, acusándolo del delito falso de invasión a la propiedad privada. Actualmente Andrés Pérez, junto a ocho campesinos, están sometidos injustamente a un Régimen de Presentación ante los tribunales penales por esa imputación infundada.
Los campesinos del Fundo Santa Teresa-Guarataro están protegidos por una Medida Cautelar de Aseguramiento y por un Auto de Apertura para la Declaratoria de Permanencia sobre más de 400 hectáreas ociosas, dictados por el INTI, cuya propiedad de las tierras en cuestión le permite tales acciones jurídicas. Sin embargo, la jueza Lugo, pasando por encima de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ejecutó una medida judicial a favor de los terratenientes, que vulnera los derechos de los campesinos y afecta la producción de alimentos en el Estado.
El presidente del INTI, Juan Carlos Loyo, hizo presencia en el fundo durante la tarde del jueves 13 de marzo de 2.008, dejando claro que las tierras en conflicto son propiedad del INTI, que están infrautilizadas y que, en ese sentido, usando el derecho que le asiste, establecerá de inmediato las acciones técnico-jurídicas que ratifiquen las medidas de rescate de tierras a favor de los campesinos ocupantes.Al finalizar esta nota, el dirigente campesino Joel Pineda, informó que los terratenientes Di Battista, que permanecen dentro del Fundo, le prendieron fuego a 16 hectáreas de frijol y 6 hectáreas de auyama que fueron sembradas por los campesinos.